APG respalda el ejercicio responsable del periodismo y exige respeto a los mecanismos constitucionales de protección a la prensa.
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) reafirma su compromiso irrestricto con la defensa de la libertad de emisión del pensamiento, derecho garantizado en el ordenamiento jurídico guatemalteco, ante el proceso iniciado contra el periodista Óscar Soc de León, conocido en el ámbito profesional como Oscar de León, quien acudió el miércoles 25 de febrero a una audiencia en el Ministerio Público tras la presentación de una querella por difamación relacionada con publicaciones difundidas en un medio informativo en Quetzaltenango.
La APG afirma que la libertad de expresión es un derecho garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala y desarrollado por la Ley de Emisión del Pensamiento, normativa que establece procedimientos específicos cuando se trata de publicaciones realizadas a través de medios de comunicación social.
En entrevista pública difundida por redes sociales, la abogada Sara Trócoli explicó que la defensa del periodista planteó ante el órgano jurisdiccional la necesidad de que se analice la competencia del tribunal que conoce la causa, argumentando que, al tratarse de un comunicador vinculado a un medio de difusión masiva, el procedimiento aplicable debe enmarcarse dentro de la legislación especial en materia de la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. Señaló que la ley contempla mecanismos previos como el derecho de aclaración y que, de persistir controversia, correspondería que las instancias establecidas en dicha normativa determinen lo procedente, por ejemplo un tribunal de honor o un tribunal de imprenta y no un tribunal de orden común, expresó Trócoli.
Asimismo, la profesional indicó que en el caso de publicaciones realizadas por particulares en redes sociales, la imputación directa de delitos sin sentencia firme puede generar responsabilidad penal y cárcel hasta por cuatro años. En cuanto a los medios de comunicación, destacó la importancia de identificar fuentes, verificar información y garantizar el espacio de aclaración cuando una persona se considere agraviada.
La APG subraya que la crítica, la investigación y la denuncia forman parte esencial del ejercicio periodístico y constituyen pilares de toda sociedad democrática. En ese sentido, hace un llamado a que cualquier proceso relacionado con publicaciones periodísticas se conduzca con estricto apego al marco constitucional y legal vigente, evitando interpretaciones que puedan derivar en restricciones indebidas al derecho a informar y opinar.
La APG exhorta a las autoridades judiciales y al sector justicia a actuar con respeto estricto al Estado de Derecho y a los mecanismos especializados como los Tribunales de Imprenta, garantizando que los defensores de la información, los comunicadores y los medios de comunicación puedan ejercer con libertad, responsabilidad y sin temor a represalias, elementos esenciales para una democracia sana y plural.
