En Guatemala, el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2026, que se celebra en el mundo este 3 de mayo, encuentra al gremio periodístico en una etapa de profunda preocupación, marcada por agresiones documentadas, criminalización, asesinatos, exilio y un persistente clima de impunidad. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en su Comunicado 12/2026 titulado “El periodismo no se persigue: se respeta”, reafirmó este 3 de mayo que la libertad de expresión y de prensa no solo constituye un derecho constitucional protegido por el artículo 35, sino una base esencial del Estado de Derecho. En ese pronunciamiento, la APG denunció que durante los últimos años el ejercicio periodístico ha sido objeto de vulneraciones mediante persecución judicial, criminalización de medios, restricciones informativas y mecanismos legales utilizados de forma espuria contra periodistas, señalando casos emblemáticos como el de José Rubén Zamora y los exintegrantes de elPeriódico, según el comunicado APG 12/2026, de este 3 de mayo de 2026.
La APG, a través de su Observatorio de los Periodistas, reportó que solo en 2025 se contabilizaron al menos 32 agresiones documentadas contra periodistas en Guatemala, mientras que en lo que va de 2026 ya se suman 14 casos adicionales, reflejando que el entorno hostil persiste. Según el mismo comunicado, aproximadamente el 90% de estos casos permanece en la impunidad, con señalamientos directos hacia el Ministerio Público (MP), al que el gremio acusa no solo de inacción, sino de ser en algunos casos presunto agresor, particularmente cuando se instrumentalizan procesos judiciales contra comunicadores mientras se desestiman denuncias por delitos cometidos contra la prensa.
Entre estos nuevos casos, el asesinato del periodista Carlos Humberto Cal Ical, ocurrido el 26 de abril de 2026 en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, se convirtió en uno de los hechos más alarmantes del año. La APG lo incorporó formalmente dentro de las cifras de agresión y violencia contra el gremio, subrayando que su muerte no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una preocupante escalada de vulnerabilidad para quienes ejercen el derecho a informar en contextos locales y comunitarios. Cal Ical, con más de 25 años de trayectoria, era miembro activo de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz (APC-AV) y había recibido amenazas antes de ser víctima de un ataque armado directo cerca de su vivienda. Su asesinato, ocurrido a días de la conmemoración mundial, reforzó la denuncia de la APG sobre la fragilidad del periodismo territorial, especialmente fuera de la capital, donde periodistas comunitarios suelen operar con menores garantías de seguridad.
El comunicado de la APG también incorporó otros casos recientes, como el fallecimiento del fotoperiodista Eduardo Matzul —reportado previamente como desaparecido y confirmado de su fallecimiento el 6 de abril— y agresiones sufridas por dirigentes periodísticos durante coberturas en Quetzaltenango, evidenciando que la violencia no se limita a homicidios, sino también a intimidación, bloqueo informativo y ataques físicos en cobertura. Esta suma de incidentes fortalece la postura de la APG de que Guatemala continúa enfrentando una crisis estructural en materia de libertad de prensa.
A nivel internacional, estos hallazgos coinciden con las alertas de organismos como UNESCO, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Human Rights Watch, que han advertido sobre la persistencia de amenazas contra periodistas guatemaltecos pese a cambios políticos recientes. Sin embargo, la APG enfatiza una dimensión clave: la libertad de prensa no solo depende de compromisos internacionales o discursos gubernamentales, sino de garantizar justicia efectiva, protección institucional y el cese de la criminalización desde estructuras estatales o paraestatales.
Mensaje central de la APG
“El periodismo no se persigue: se respeta”, sostuvo la APG en su mensaje central, al tiempo que hizo un llamado no solo a funcionarios del sistema de justicia, sino también a la ciudadanía y usuarios de redes digitales a ejercer la libertad de expresión con ética, responsabilidad y comprensión del papel social de la prensa. La organización advierte que perseguir periodistas, censurar investigaciones o tolerar agresiones constituye una amenaza directa contra el derecho ciudadano a conocer la verdad.
En 2026, Guatemala no solo conmemora la libertad de prensa; la examina bajo presión. Las cifras del Observatorio de Periodistas de la APG, el asesinato de Carlos Cal Ical, la persistencia de impunidad y la continuidad de procesos de criminalización muestran que el país aún enfrenta una deuda profunda: garantizar que informar no implique persecución, amenazas o muerte. Mientras esta deuda persista, la democracia guatemalteca seguirá teniendo una libertad formalmente reconocida, pero materialmente vulnerable.
De la Declaración de Windhoek a la defensa global de una prensa libre, plural e independiente
El Día Mundial de la Libertad de Prensa se conmemora cada 3 de mayo por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), proclamado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 como seguimiento a la Declaración de Windhoek de 1991, firmada por periodistas africanos que defendieron el pluralismo, la independencia y la protección de los medios como pilares democráticos universales.
Desde entonces, esta fecha busca recordar a los gobiernos su deber de respetar el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de rendir homenaje a periodistas que han sido perseguidos, encarcelados o asesinados por informar. Para 2026, la conmemoración internacional mantiene el enfoque en la defensa del periodismo frente a nuevas amenazas, incluyendo la censura, la violencia, la vigilancia digital y la desinformación, bajo el llamado global de fortalecer una prensa libre como garantía de verdad y democracia.
En ese marco, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se suma y comparte plenamente esta causa mundial, reafirmando que proteger a periodistas, exigir justicia frente a agresiones y defender el libre ejercicio de informar no solo responde a una agenda gremial, sino a una responsabilidad histórica con la ciudadanía, el Estado de Derecho y la democracia guatemalteca.
*Imágenes de portada e interior generadas con la asistencia de IA y recursos de archivo de la APG, para fines ilustrativos.
