El informe 2026 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, publicado el pasado 30 de abril por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), volvió a colocar a Guatemala entre los países con mayores dificultades para ejercer el periodismo en América Latina.
De acuerdo con la evaluación internacional, Guatemala ocupa el puesto 128 de 180 países analizados, manteniéndose dentro de la categoría de naciones con una situación “difícil” para la libertad de prensa. (rsf.org)
Aunque el país subió 10 posiciones respecto al informe anterior (en 2025 estaba en el ranking 138), con una puntuación de 43.21, distintos análisis periodísticos y organizaciones coinciden en que el movimiento numérico no representa necesariamente una mejora estructural en las condiciones para el ejercicio del periodismo.
La publicación del ranking se dio apenas días antes de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado cada 3 de mayo, fecha en la que organismos internacionales reiteraron su preocupación por el deterioro global del acceso a la información y las amenazas contra periodistas.
RSF advirtió que la libertad de prensa atraviesa su peor momento en 25 años y señaló que el uso de leyes restrictivas, la criminalización y la presión judicial contra periodistas se han convertido en mecanismos recurrentes para limitar el derecho a informar. (rsf.org)
En América Latina, Guatemala supera a Honduras, El Salvador y Nicaragua, pero se ubica lejos de los países mejor rankeados de la región como Costa Rica (18), Uruguay y Chile.
En Guatemala, el escenario sigue marcado por denuncias de persecución judicial, campañas de intimidación y exilio de comunicadores.
Criminalización de periodistas
La columna “Libertad de Prensa: de mal en peor”, publicada por el periodista Carlos Morales Monzón en eP Investiga, sostiene que la situación del país continúa deteriorándose pese al ascenso en el ranking internacional.
“El periodismo en Guatemala avanza como el cangrejo: para atrás”, señala el análisis, que además cuestiona el uso del sistema de justicia contra periodistas y medios independientes. (epinvestiga.com)
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por RSF es el deterioro del indicador legal, vinculado a la criminalización de periodistas por publicaciones relacionadas con corrupción, abuso de poder y transparencia pública. (rsf.org)
Persisten desafíos estructurales
A pesar de la mejora numérica, RSF y analistas locales destacan el deterioro en el indicador legal, vinculado principalmente a la criminalización de periodistas mediante procesos judiciales, SLAPPs (demandas estratégicas contra la participación pública) y presiones derivadas de investigaciones sobre corrupción.
Casos emblemáticos
- José Rubén Zamora (fundador de elPeriódico): Es el caso más emblemático de persecución judicial. Estuvo más de 1.295 días en prisión preventiva desde 2022. Fue liberado bajo arresto domiciliario en febrero de 2026. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido vulneraciones al debido proceso. Aunque ya no está en prisión, enfrenta procesos pendientes.
- Juan Luis Font: Reconocido periodista y exdirector de medios, se vio obligado a salir de Guatemala en 2022 tras denunciar corrupción y presiones del Ministerio Público. En 2025 recibió asilo político en Francia.
- Marvin del Cid y Sonny Figueroa: Periodistas de investigación, han sido víctimas de amenazas, seguimientos, campañas de difamación y denuncias penales por sus reportajes sobre corrupción estatal.
Posición del gobierno de Bernardo Arévalo
El presidente Bernardo Arévalo ha reafirmado su compromiso con la libertad de prensa y destacó el ascenso de 10 puestos como un avance en un contexto global adverso. Su gobierno se ha comprometido a desarrollar una política pública de protección a periodistas, aunque aún se esperan resultados concretos. El gobernante indicó que para este gobierno la libertad de prensa no es un tema secundario sino uno fundamental de las bases de la democracia que queremos profundizar y ampliar para las generaciones futuras del país. «Para nosotros, esto es una realidad que tenemos que transformar y tomar decisiones que vayan generando cambios reales en estas condiciones», dijo durante su presentación en La Ronda.
Posición de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG)
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) considera que el informe de RSF 2026 constituye una seria alerta sobre la situación del periodismo en el país. Aunque hay un leve avance numérico, la realidad que viven los periodistas guatemaltecos sigue siendo de hostigamiento judicial e intimidación, señaló el gremio. «Durante 2025 se contabilizaron al menos 32 agresiones contra periodistas las cuales fueron documentadas evidenciando un entorno hostil que persisten, en 2026, con un 90% de impunidad en los casos, donde el Ministerio Público (MP) es señalado tanto por la inacción como por ser presunto agresor. Solo en lo que va de este año, se han sumado 14 casos adicionales, entre ellos el que hoy enluta al gremio periodístico: el asesinato de Carlos Humberto Cal Ical, ocurrido el 26 de abril en San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz, tras recibir amenazas y ser víctima de un ataque armado directo cerca de su vivienda», citó la APG en su comunicado 12/2026 titulado «El Periodismo no se persigue: se respeta».
Retos pendientes
Entre los principales desafíos identificados destacan:
- Reducir el uso político del sistema penal contra periodistas.
- Garantizar mayor independencia judicial.
- Implementar y fortalecer mecanismos efectivos de protección para comunicadores.
- Combatir la impunidad en agresiones y amenazas.
- Mejorar las condiciones de seguridad, especialmente en el interior del país.
El informe de RSF 2026 sirve como recordatorio de que, aunque hay señales positivas en la percepción internacional, Guatemala aún enfrenta un escenario complejo para consolidar un entorno propicio al periodismo independiente y al fortalecimiento democrático.
